Por: Jaime Rios G
Mexicali, B. C. 17 de Septiembre. - Por el rechazo de parte de legisladores de oposición con los integrantes de la fracción panista del Congreso local, decidieron de momento no analizar y discutir el Dictamen 94 que permitiría al Gobernador Francisco Vega de Lamadrid hacer una contratación multianual para convertir el llamado C4 en un C5, se contaría con equipo tecnológico de vanguardia y cámaras de video vigilancia.
Por otra parte la situación que se vivió este día en las instalaciones de la legislatura, donde un grupo de airados ciudadanos irrumpió de manera violenta, evitó también que los legisladores del blanquiazul pudieran entrar en diálogo con diputados opositores para convencerlos de lo que señalan que son los beneficios de este proyecto.
Previo a eso, los representantes panistas del Congreso local habrían informado que dirigirían sus
esfuerzos para lograr la aprobación de ese contrato plurianual de seguridad pública para la construcción del C 5, ya que este tema, afirmaron, es prioridad “y el más urgente a tratar en este momento” expresó la Diputada tijuanense, Iraís Vázquez.
La presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, de la legislatura en Baja California aclaró que el Dictamen 94 al que corresponde esta iniciativa, no está dentro del Decreto 57, ni tampoco corresponde a la figura de las Asociaciones Públicas Privadas, sino que se trata de la contratación de sistemas de vídeo vigilancia, mejor conocido como C 5.
La intención según refirió, es autorizar al poder Ejecutivo Estatal para que signe el contrato de servicios plurianual para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de un sistema integral de infraestructura e interconexión tecnológica para la seguridad pública en la entidad.
Aclaró también la legisladora que con esta propuesta no se están aprobando nuevas obligaciones o endeudamientos, que además refleja una decisión de ahorro, ya que esta modalidad de contratación reducirá de 22 a 10 años la obligación de pago; el monto de inversión de $3,324.6 MDP a una estimación de 750 MDP, lo que en consecuencia traerá una disminución en los costos financieros.
Puntualizó que la duración del contrato será de 10 años con una prestación anual autorizada de hasta 69 millones de pesos y con un costo del servicio fijo que por esta vigencia permite que se actualice sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo cual no se consigue de hacerse un contrato anual. Recordó que la Secretaría de Planeación y Finanzas aprobó la viabilidad financiera, el 25 de agosto de este año.
Lo que se contrataría con este proyecto serían, dijo, un sistema de vídeo vigilancia urbana, un sistema de vídeo análisis de inteligencia, arcos de reconocimiento de placas, administración y monitoreo de vídeo, sistema de transporte de datos, botones de emergencia domiciliario, construcción y equipamiento del C4 en Mexicali, programas de capacitación, y mantenimiento preventivo y correctivo.
La joven legisladora explicó además, que el sistema de video vigilancia urbana contempla un total de 100 posiciones, y 400 cámaras que se componen de 300 fijas; 100 cámaras PT Z; 100 botones de emergencia; tecnología de alta definición y 10 arcos de reconocimiento de placas.
También dijo que se pretende ubicar 3,000 botones de enlace ciudadano en las colonias consideradas prioritarias y con alto índice delictivo, además de 75 km de fibra óptica para el interior de municipios; la remodelación y ampliación del edificio C 4 en Mexicali y el mantenimiento preventivo de los equipos y correctivo para mantener la disponibilidad del servicio.
Iraís Vázquez precisó que todo esto es urgente, debido a la alta incidencia de la inseguridad en el Estado, así como la transformación que la delincuencia, sobre todo organizada presenta, que hace obligada una mayor capacidad respuesta, prevención y contención.
Advirtió que urge fortalecer las capacidades operativas y las estrategias de las corporaciones, integrando tecnología de última generación, y explicó que los últimos años se ha reducido la inversión de recursos públicos federales en materia de seguridad pública, para atender las necesidades de demanda en infraestructura.
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