Shanti tenía 17 años cuando llegó a Estados Unidos desde la India en el 2006 para trabajar con una pareja de diplomáticos indios. Sus empleadores prometieron pagarle $100 al mes por cocinar y hacer algunas tareas del hogar.
Pero por los próximos tres años, en los que trabajó jornadas de 16 horas, la joven mujer sólo recibió $120 en total.
La pareja que la empleó constantemente la amenazaba, diciéndole que si denunciaba su situación de esclavitud sería golpeada, violada, arrestada y deportada a su país. A pesar de las amenazas, Shanti logró escaparse de la vivienda de los diplomáticos en el 2009 y conectó con una organización que ayuda a trabajadoras domésticas que son víctimas de tráfico humano.
El tráfico humano de las trabajadoras domésticas en Estados Unidos
Ahora su testimonio es parte de un reporte sobre trabajadoras domésticas y la esclavitud moderna, publicado el lunes por la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar y el Institute for Policy Studies. En una conferencia en Washington D.C. los autores del reporte dijeron que los hallazgos del mismo son ahora más importantes que nunca, ya que debido a los cambios en la política de inmigración de la administración Trump, temen que las protecciones para víctimas de tráfico humano “se deterioren”
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Las nuevas acciones aprobadas por el presidente Donald Trump dan más poder a los agentes de inmigración, lo que genera preocupación en las comunidades de inmigrantes.
El gobierno federal no ha anunciado ningún cambio en cuanto al asilo para víctimas de tráfico humano, quienes podrían recibir una visa especial para permanecer en el país, una vez las autoridades investigan sus casos.
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Se estima que hay unos 2 millones de trabajadoras del hogar en EEUU. “Cada año miles de estas entran al país con visas de trabajo patrocinadas por familias adineradas. Pero según los autores del reporte, en muchos casos los contratos de trabajo no son cumplidos y las empleadas son forzadas a laborar por menos del sueldo mínimo o sin recibir pago. Muchas otras son indocumentadas”.
De acuerdo con el reporte, en el 78 por ciento de los casos analizados, los empleadores amenazan a las víctimas con reportarlas para que sean deportadas si se quejan de las condiciones en las que viven. Además, el 62 por ciento de las víctimas encuestadas dijo que sus empleadores les quitaron sus pasaportes y otros documentos de identificación, y el 77 por ciento dijo que sus empleadores controlaban sus salidas de las casas.
Para el informe, titulado “El tráfico humano de las trabajadoras domésticas en Estados Unidos”, los investigadores analizaron 110 casos de esclavitud moderna y entrevistaron a sobrevivientes como Shanti, cuyo caso llegó a las cortes. Un juez de Nueva York ordenó a la pareja de diplomáticos pagar $1.5 millones a Shanti, pero hasta ahora ella no ha recibido ninguna indemnización.
Ahora, Shanti es una activista que ayuda a mujeres que han pasado por una situación similar a la de ella. “Yo soy la única testigo de mi caso”, dijo Shanti el lunes en una conferencia. Su apellido no fue revelado. “Mi voz es la única arma que tengo para obtener justicia”.
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